VOZ EN FUGA : DEMOCRACIA DEL TERROR O LA CINEMATOGRAFICA MENTE DE UN FISCAL

entrega de carta en la Cancillería , Instituto de Derechos Humanos y Oficina del Alto comisionado para los DDHH Representación de las naciones Unidas (ONU)

La prensa, que siempre sirve a los poderes económicos y estatales, ha instalado una vez más fantasiosas situaciones como verdades.

Durante el primer semestre del 2010 el Estado, a través de la prensa, se dio a la tarea de preparar el escenario para un accionar represivo, justificando con ello una serie de atentados explosivos desde 2006 en adelante, que hablaría de la existencia de grupos organizados terroristas. Dato al margen, en ningún de ellos hubo daño a la población.

Hasta ese momento la investigación estuvo a cargo del Fiscal zona oriente Xavier Armendáriz, quién debía determinar los responsables de una serie de atentados con artefactos explosivos. Presionado por el gobierno a través de las duras críticas formuladas por el Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, el Fiscal Nacional Sabas Chahuán manifestó que el Ministerio Público le faltaban recursos para obtener resultados exitosos y que los obtenidos hasta ese momento arrojaban que "son grupos pocos estructurados" y que "cualquiera puede hacer un atentado con una bomba de poco poder explosivo" (La Tercera, Martes 15 de Junio 2010). Frente a esto el Ministro del Interior Hinzpeter manifiesta su temor a que la ciudadanía se acostumbre a que se instalen bombas. Es así que en Julio del 2010 es designado un nuevo Fiscal en la investigación, se trata de Alejandro Peña de la zona sur, cuarto Fiscal desde el 2006 (antes Francisco Jacir, Rodrigo Lazo y Xavier Armendariz). Este Fiscal cuenta en su currículum con una agresión a su subalterna en la jurisdicción, la Fiscal Ana Victoria Quintana en abril del 2008, además de una denuncia por violencia intrafamiliar presentada por su esposa y además fue sancionado en Julio del 2008 por prácticas antisindicales.

"Según las indagaciones policiales los grupos anarquistas que instalan bombas no tienen una orgánica estable y definida" (La Tercera, 15 de Junio 2010) hasta que la investigación pasa a manos del Fiscal Peña, quién inmediatamente a través de la prensa comenzó a instalar el montaje mediáticamente conocido como "Caso Bombas". Es así que los medios de comunicación publican una entrevista a un personaje del barrio Yungay conocido como Rodrigo Vegas Morales, vecino del Centro Social Okupado Biblioteca Sacco y Vanzetti quién afirma que sus vecinos son terroristas y que son liderados por “el Garza”. Con esto se comienza a diseñar la existencia de una supuesta organización jerárquica, es decir, de una organización ilícita terrorista.

A la vez se produce un fuerte hostigamiento de domicilios particulares en el barrio Yungay, donde el 14 de Agosto de 2010 fueron allanados 3 domicilios (17 en total en Santiago y regiones). A partir de esta fecha permanecen detenidos 8 hombres y 2 mujeres en prisión preventiva sometidos a un régimen de castigo y aislamiento con 22 horas diarias de encierro individual con una visita semanal de tres horas. Ellos son: Mónica Caballero y Andrea Urzúa, ambas en la sección especial de alta seguridad en el Centro Penitenciario Femenino. Rodolfo Retamales, Carlos Rivero, Camilo Pérez, Vinicio Aguilera, Felipe Guerra, Francisco Solar, Omar Hermosilla, Pablo Morales, todos ellos en la Sección de Máxima Seguridad (SMS) de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, a quienes se les asignó 180 días de investigación en prisión preventiva.

El 12 de Octubre del 2010 los presos de la SMS inician una movilización interna de paro de actividades, buscando con ello mejoras al régimen interno y de visitas, ya que esta última es sometida constantemente a un trato indigno y vejatorio, teniendo que exponer sus genitales en cada revisión. Esta situación atenta contra la integridad psicológica de los internos, quienes en ocasiones han llegado a suicidarse dentro del penal.

En Octubre del 2010 DIPOLCAR ingresa brutalmente a ambos recintos penitenciarios, mediante engaños y golpes reducen a los diez imputados por el “Caso Bombas” para de esta forma extraerles una muestra de sangre y analizar su ADN para compararlos con las pruebas obtenidas. Esto se suma a una serie de irregularidades dentro del penal como lo fue la extracción de pelos de la cama de la celda de Rodolfo Retamales, guardándolo en bolsas selladas. En ese momento él no estaba en la celda.

En Diciembre del 2010 la prensa publica que ningún ADN de los imputados en el mediático montaje coincide con las muestras periciadas de los atentados explosivos investigados. Pese a esto se mantiene a estas diez personas en prisión preventiva y en régimen de castigo.

Prontos a cumplir los 5 meses de encierro se presenta en la sección de Máxima Seguridad la comisión de DDHH para comprobar in situ las condiciones carcelarias de los imputados. Tras esta visita se restringe el horario de patio de los internos sin embargo la prensa publica que gracias a la visita se aumenta. "A partir de la próxima semana va a aumentar una hora más de desencierro, es decir, una hora más de patio" (La Nación, Viernes 21 de Enero 2011).

Con lo que respecta al grupo familiar y personas cercanas a los diez imputados en este montaje, se ha dado una terrorífica persecución y hostigamiento por sujetos dentro de vehículos particulares, quienes además han sido sorprendidos filmando. Producto y ejemplo de la situación es que el viernes 28 de Enero del 2011 se presentó un nuevo Recurso de Amparo en la Corte de Apelaciones a favor de dos familiares y cercanos a los detenidos.

Frente a estas irregularidades en esta democracia del terror, es que solicitamos a ustedes se hagan presentes en este proceso investigativo para de una vez por todas develar el absurdo montaje mediático judicial que mantiene secuestrados a nuestros familiares, compañeros y amigos.

Estando en democracia, diariamente presenciamos la sistemática violación de los Derechos Humanos y la inoperancia de la Justicia en complicidad con los medios de comunicación masiva, a favor de leyes fascistas. Solicitamos de manera urgente que se pronuncien con compromiso frente a este quebrantamiento directo a los derechos humanos.