La llamada Ley Hinzpeter nace en 2011 al calor de movilizaciones convocadas por el movimiento estudiantil. Varios de sus puntos aluden a quienes participen en tomas, marchas no autorizadas, paros de servicios públicos y saqueos, y castiga con mayor rigor a los que lo hagan a rostro cubierto.
Hoy jueves, tras darse a conocer la muerte del subteniente de Carabineros Daniel Silva Rodríguez producto de un disparo en la cabeza que recibió durante un asalto en Macul, Sebastián Piñera sacó a colación el retraso en la votación que sufrió ayer en la Cámara baja la llamada Ley Hinzpeter, proyecto que busca imponer sanciones más duras contra los encapuchados.
“Ayer la Cámara de Diputados no quiso aprobar la ley que permite a los carabineros tener más instrumentos”, enfatizó el Mandatario y llamó a los parlamentarios a que “de una vez por todas asuman su responsabilidad y se pregunten de qué lado están, del lado de los encapuchados o del lado de la gente inocente que quiere vivir en paz, del lado de los carabineros o del lado de los que asesinan a los carabineros”, señaló.
Pasadas las 15:05 se confirmó la muerte del subteniente Silva. El uniformado recibió el impacto de la bala mientras frustraba un asalto en la caja de compensación Los Héroes, en Macul 4711, durante el enfrentamiento.
Dos de los asaltantes se refugiaron en una empresa, donde fueron capturados, y un tercero logró escapar.
Aunque no hubo capuchas ni desmanes producto de manifestaciones de por medio, Piñera se refirió expresamente a la legislación rechazada ayer en la Cámara baja e interpeló a sus integrantes. “Quiero pedir a los parlamentarios que de una vez por todas terminen con tantas disculpas, postergaciones y aprueben los proyectos de ley que van a proteger mejor a nuestros carabineros”, señaló.
La llamada Ley Hinzpeter es en realidad la Ley que Fortalece el Resguardo del Orden Público, proyecto que nace desde el gobierno cuando Rodrigo Hinzpeter se desempeñaba como ministro del Interior y al alero de los desmanes ocurridos durante las movilizaciones convocadas por el movimiento estudiantil. De hecho, fue ingresado al Congreso en octubre de 2011, mismo año que las demandas estudiantiles se posicionan en la agenda.
La ley contiene varios aspectos polémicos que han causado rechazo tanto en parlamentarios de la oposición como en dirigentes y participantes de manifestaciones sociales, particularmente los estudiantes, quienes se ven aludidos directamente por esta. El proyecto establece un nuevo delito de desórdenes públicos y fija para ellos una pena de presidio menor en su grado medio que puede ir desde los 541 días hasta los tres años.
La legislación condena a quienes paralicen o interrumpan la prestación de servicios públicos (como hospitales, por ejemplo); invadan, ocupen o saqueen recintos privados, fiscales y municipales; impidan la libre circulación de personas en espacios públicos (como en el caso de marchas sin autorización), atenten contra la autoridad y sus agentes (es decir, la policía); realicen daños a la propiedad ajena; entre otros puntos.
Por último, y uno de sus aspectos más polémicas, es que el proyecto de ley impone el máximo de la pena establecida a quienes cometan alguno de estos actos “con el rostro cubierto o utilizando cualquier otro elemento que impida,dificulte o retarde la identificación del hechor”, es decir, los encapuchados.
De ahí que causara molestia, tanto entre los parlamentarios como entre los usuarios de las redes sociales, las declaraciones del Sebastian Piñera. En la oposición, particularmente en la Democracia Cristiana, la respuesta fue inmediata. Diputados anunciaron un punto de prensa para mañana en donde se referirán al tema y aseguraron que “todo intento de confundir a la opinión pública, utilizando el dolor de los familiares del oficial fallecido, para lograr la aprobación de una ley mal hecha y que busca criminalizar el movimiento social, la llamada Ley Hinzpeter”.
Uno de ellos, el diputado Jorge Burgos, calificó de una “confusión bastante demagógica” el llamado de Piñera a aprobar la Ley Hinzpeter a raíz de los enfrentamientos con delincuentes que terminaron con la vida del subteniente Silva. “Es bastante delicado. El emplazamiento no tiene justificación. Estamos en presencia de un homicidio alevoso. Eso homicidio hoy día tiene la máxima pena que puede tener un delito en Chile: presidio perpetuo calificado”, explicó el parlamentario, y añadió que confundir esto “con un debate legítimo respecto de mejorar de una determinada manera la ley o los delitos que tienen que ver con desórdenes públicos… no tiene nada que ver una cosa con otra”.
“Ayer la Cámara de Diputados no quiso aprobar la ley que permite a los carabineros tener más instrumentos”, enfatizó el Mandatario y llamó a los parlamentarios a que “de una vez por todas asuman su responsabilidad y se pregunten de qué lado están, del lado de los encapuchados o del lado de la gente inocente que quiere vivir en paz, del lado de los carabineros o del lado de los que asesinan a los carabineros”, señaló.
Pasadas las 15:05 se confirmó la muerte del subteniente Silva. El uniformado recibió el impacto de la bala mientras frustraba un asalto en la caja de compensación Los Héroes, en Macul 4711, durante el enfrentamiento.
Dos de los asaltantes se refugiaron en una empresa, donde fueron capturados, y un tercero logró escapar.
Aunque no hubo capuchas ni desmanes producto de manifestaciones de por medio, Piñera se refirió expresamente a la legislación rechazada ayer en la Cámara baja e interpeló a sus integrantes. “Quiero pedir a los parlamentarios que de una vez por todas terminen con tantas disculpas, postergaciones y aprueben los proyectos de ley que van a proteger mejor a nuestros carabineros”, señaló.
La llamada Ley Hinzpeter es en realidad la Ley que Fortalece el Resguardo del Orden Público, proyecto que nace desde el gobierno cuando Rodrigo Hinzpeter se desempeñaba como ministro del Interior y al alero de los desmanes ocurridos durante las movilizaciones convocadas por el movimiento estudiantil. De hecho, fue ingresado al Congreso en octubre de 2011, mismo año que las demandas estudiantiles se posicionan en la agenda.
La ley contiene varios aspectos polémicos que han causado rechazo tanto en parlamentarios de la oposición como en dirigentes y participantes de manifestaciones sociales, particularmente los estudiantes, quienes se ven aludidos directamente por esta. El proyecto establece un nuevo delito de desórdenes públicos y fija para ellos una pena de presidio menor en su grado medio que puede ir desde los 541 días hasta los tres años.
La legislación condena a quienes paralicen o interrumpan la prestación de servicios públicos (como hospitales, por ejemplo); invadan, ocupen o saqueen recintos privados, fiscales y municipales; impidan la libre circulación de personas en espacios públicos (como en el caso de marchas sin autorización), atenten contra la autoridad y sus agentes (es decir, la policía); realicen daños a la propiedad ajena; entre otros puntos.
Por último, y uno de sus aspectos más polémicas, es que el proyecto de ley impone el máximo de la pena establecida a quienes cometan alguno de estos actos “con el rostro cubierto o utilizando cualquier otro elemento que impida,dificulte o retarde la identificación del hechor”, es decir, los encapuchados.
De ahí que causara molestia, tanto entre los parlamentarios como entre los usuarios de las redes sociales, las declaraciones del Sebastian Piñera. En la oposición, particularmente en la Democracia Cristiana, la respuesta fue inmediata. Diputados anunciaron un punto de prensa para mañana en donde se referirán al tema y aseguraron que “todo intento de confundir a la opinión pública, utilizando el dolor de los familiares del oficial fallecido, para lograr la aprobación de una ley mal hecha y que busca criminalizar el movimiento social, la llamada Ley Hinzpeter”.
Uno de ellos, el diputado Jorge Burgos, calificó de una “confusión bastante demagógica” el llamado de Piñera a aprobar la Ley Hinzpeter a raíz de los enfrentamientos con delincuentes que terminaron con la vida del subteniente Silva. “Es bastante delicado. El emplazamiento no tiene justificación. Estamos en presencia de un homicidio alevoso. Eso homicidio hoy día tiene la máxima pena que puede tener un delito en Chile: presidio perpetuo calificado”, explicó el parlamentario, y añadió que confundir esto “con un debate legítimo respecto de mejorar de una determinada manera la ley o los delitos que tienen que ver con desórdenes públicos… no tiene nada que ver una cosa con otra”.
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