Este 7 de marzo se realizaron manifestaciones en diversos lugares. Nueva funa contra la sede de la empresa transnacional RP Global en Santiago y esta vez se extendieron a localidades de Alemania, Italia y Noruega.
La concentración principal se desarrolló en Panguipulli, donde Fiscalía Región de los Ríos – Panguipulli pretendió cerrar el caso y no perseverar en la investigación. Pese a ello, el Tribunal de Garantía determinó que se debe continuar las diligencias para que se esclarezcan los hechos.
Diversas partes involucradas por justicia para Macarena han señalado que la decisión del tribunal hace reponer los principios procesales y criterio de relevancia, posibilitando que se realicen las diligencias pertinentes, incluyendo examen forense independiente de autopsia requerido por la familia, entre otras gestiones y procedimientos que se requerirán.
Diversas organizaciones han señalado: “Ante esto, exigimos al Ministerio Público asuma debidamente sus obligaciones de investigar y se haga en base a la hipótesis de investigación de un delito (y no suicidio) en atención a todos los indicios y denuncias que existen en este caso. No es concebible que Fiscalía tenga un actuar arbitrario y unilateral contra el Pueblo Mapuche, con sesgo y discriminación, ya que ha sido una institución “pública” que en el marco de conflictos territoriales, ha sido parte activa en violar el principio de inocencia, perseguir y criminalizar causas Mapuche, con publicidad, con el uso de instrumentos fácticos, con aberración jurídica, abuso de poder y operadores racistas. En contraposición a ese patrón, cuando se requiere justicia ante crímenes y violaciones que afectan a familias Mapuche que defienden sus derechos ante atropellos empresariales, su actuar es cómplice y pasivo, como ha venido ocurriendo con la Fiscal Alejandra Anabalón Zunino, quien no debería continuar a cargo del caso de Macarena”.
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