Mientras se evaden impuestos como loco en el SII, se dan perdonazos a empresas coludidas, mientras Villalobos general director de carabineros es cómplice de asesinatos en dictadura y también de los robos de carabineros, mientras los dueños de las AFP se enriquecen y financian sus empresas con el dinero de los trabajadores, desde el gobierno impulsan nuevas medidas para frenar la evasión en el transantiago.
¿Pero den que consisten estas nuevas medidas?
Primero el plan consiste en 600 nuevos puntos de fiscalización, que se llevarían a cabo entre Ministerio de Transporte, Carabineros y ahora además, fiscalizadores privados.
Según se precisó, en los operativos masivos hay más de 200 carabineros, más de 100 inspectores del Ministerio de Transportes y ahora suman 100 fiscalizadores de las empresas, los que multaran a todo aquel que no haya cancelado su pasaje.
Las siguientes medidas serán que las empresas tendrán que invertir en torniquetes contra la evasión y 20 zonas de validación móviles.
Se suma a esto las propuestas que habían en contra los evasores como por ejemplo:
La creación de un registro público de evasores del Transantiago; una idea que abre un flanco prácticamente incontrolable al uso de datos personales y que da la posibilidad a que cualquier interesado recolecte esa información, sin el consentimiento de su titular. Es decir con esta medida, al evadir el pago de su pasaje de bus, las personas se someten a que sus datos sean registrados en una base de datos públicos, lo que a su vez puede tener efectos en las posibilidades de insertarse en el mercado laboral o en el acceso a créditos. Esto supone un círculo vicioso que no tiende a solucionar los problemas sino a aumentar cada vez más los costos de una infracción mínima.
La propuesta de reconocimiento facial contra los evasores; Un anuncio que no está confirmado -y reforzado por la propia empresa que podría beneficiarse- fue lanzado a la opinión pública la semana pasada: Una propuesta de identificar biométricamente a quienes no paguen su pasaje en el Transantiago. Intereses comerciales y políticos mediante, la iniciativa afectaría fuertemente la protección a la privacidad y libertad de desplazamiento de millones de usuarios.
Según Paz Pena, investigadora en tecnología y derechos humanos y miembro de la ONG brasileña Coding Rights, una Bip! asociada a la identidad, y, además, fiscalizada biométricamente, trae varios problemas asociados.
“El más importante creo que es la evidente pérdida del anonimato en nuestros desplazamientos, el que es un elemento fundante de una sociedad libre y democrática pero también de nuestra naturaleza humana. Hoy tenemos un sistema de seudo-anonimato: se registran nuestros movimientos a través de la Bip! pero no está asociado a una identificación. Lo que ocurriría es que cada vez que nos subamos al transporte público y validemos la tarjeta, nuestra identificación biométrica se asociará con nuestros desplazamientos”, explica.
El software ofrecido es el de la brasileña Empresa 1, Sigom Vision. Citymóvil es su representante en Chile, misma que participa de la propiedad de Big Services SpA, vinculada a otro nombre conocido en el mundo del transporte: Juan Antonio Guzmán Molinari. Militante de la UDI, Guzmán fue ministro de Educación de Augusto Pinochet en su último período, entre 1987 y 1989. Además de la notoriedad cuando asumió como presidente del directorio de SQM luego de la renuncia de Julio Ponce Lerou.
Pero eso no es todo, además el Gobierno premiara con un 10% más, aparte de los $700 millones de dólares que les pagamos todos los años en subsidios a cada empresa, por tener una correcta regularidad en sus buses y la infraestructura de estos, cosa que debería ser obligación, ya que se está prestando un servicio “público” y no un favor de sus empresas a la gente
La pregunta es ¿ hasta cuando vamos a permitir que sigan generando negocio con nuestra economía y ademas luego nos castiguen y nos encarcelen?...
¿Pero den que consisten estas nuevas medidas?
Primero el plan consiste en 600 nuevos puntos de fiscalización, que se llevarían a cabo entre Ministerio de Transporte, Carabineros y ahora además, fiscalizadores privados.
Según se precisó, en los operativos masivos hay más de 200 carabineros, más de 100 inspectores del Ministerio de Transportes y ahora suman 100 fiscalizadores de las empresas, los que multaran a todo aquel que no haya cancelado su pasaje.
Las siguientes medidas serán que las empresas tendrán que invertir en torniquetes contra la evasión y 20 zonas de validación móviles.
Se suma a esto las propuestas que habían en contra los evasores como por ejemplo:
La creación de un registro público de evasores del Transantiago; una idea que abre un flanco prácticamente incontrolable al uso de datos personales y que da la posibilidad a que cualquier interesado recolecte esa información, sin el consentimiento de su titular. Es decir con esta medida, al evadir el pago de su pasaje de bus, las personas se someten a que sus datos sean registrados en una base de datos públicos, lo que a su vez puede tener efectos en las posibilidades de insertarse en el mercado laboral o en el acceso a créditos. Esto supone un círculo vicioso que no tiende a solucionar los problemas sino a aumentar cada vez más los costos de una infracción mínima.
La propuesta de reconocimiento facial contra los evasores; Un anuncio que no está confirmado -y reforzado por la propia empresa que podría beneficiarse- fue lanzado a la opinión pública la semana pasada: Una propuesta de identificar biométricamente a quienes no paguen su pasaje en el Transantiago. Intereses comerciales y políticos mediante, la iniciativa afectaría fuertemente la protección a la privacidad y libertad de desplazamiento de millones de usuarios.
Según Paz Pena, investigadora en tecnología y derechos humanos y miembro de la ONG brasileña Coding Rights, una Bip! asociada a la identidad, y, además, fiscalizada biométricamente, trae varios problemas asociados.
“El más importante creo que es la evidente pérdida del anonimato en nuestros desplazamientos, el que es un elemento fundante de una sociedad libre y democrática pero también de nuestra naturaleza humana. Hoy tenemos un sistema de seudo-anonimato: se registran nuestros movimientos a través de la Bip! pero no está asociado a una identificación. Lo que ocurriría es que cada vez que nos subamos al transporte público y validemos la tarjeta, nuestra identificación biométrica se asociará con nuestros desplazamientos”, explica.
El software ofrecido es el de la brasileña Empresa 1, Sigom Vision. Citymóvil es su representante en Chile, misma que participa de la propiedad de Big Services SpA, vinculada a otro nombre conocido en el mundo del transporte: Juan Antonio Guzmán Molinari. Militante de la UDI, Guzmán fue ministro de Educación de Augusto Pinochet en su último período, entre 1987 y 1989. Además de la notoriedad cuando asumió como presidente del directorio de SQM luego de la renuncia de Julio Ponce Lerou.
Pero eso no es todo, además el Gobierno premiara con un 10% más, aparte de los $700 millones de dólares que les pagamos todos los años en subsidios a cada empresa, por tener una correcta regularidad en sus buses y la infraestructura de estos, cosa que debería ser obligación, ya que se está prestando un servicio “público” y no un favor de sus empresas a la gente
La pregunta es ¿ hasta cuando vamos a permitir que sigan generando negocio con nuestra economía y ademas luego nos castiguen y nos encarcelen?...
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